01-02-2016 | Lista gris de Gafi también es un reto para las empresas.
Lista gris de Gafi también es un reto para las empresas.
Es importante mantener una supervisión efectiva y constante.
Fuente: Capital Financiero / Hitler Cigarruista
La permanencia de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del narcotráfico no sólo representa un reto para el país, sino para el sector privado, que tendrá que adaptarse a las nuevas normas exigidas por ese organismo internacional y establecer los mecanismos de control interno para garantizar su efectividad.
Este es el criterio de Edwin Ríos, director de RSM Panamá, una firma de consultoría financiera empresarial originaria de Inglaterra que se viene abriendo paso en el mercado panameño, compitiendo mano a mano con las cinco grandes marcas de este nicho de mercado como son Deloitte, KPMG, EY, PWC y BDO Panamá.
RSM es una empresa multinacional fundada en 1964, con presencia en más de 112 mercados y cuenta con 730 oficinas, 3.270 socios y 38.000 colaboradores a nivel mundial, y es considerada como la firma de consultoría financiera empresarial de mayor crecimiento en 2015 con un 18%, lo que demuestra que su idea de marca: “El poder de ser comprendidos” ha estado calando en la percepción de los clientes.
Ríos destacó que si bien en Panamá existe una demanda importante de asesoría en actividades como contabilidad, auditoría, planificación y manejo fiscal, precios de transferencia, gestión de riesgo y gobierno corporativo, sin embargo, hoy en día, debido a la inclusión del país en la lista gris de Gafi y la implementación de la Ley 23 para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento contra el terrorismo, la firma se ha centrado en ofertar asesoría para la implementación de esta norma, especialmente para empresas que se dedican a actividades que antes no estaban obligadas a adoptar medidas para la prevención del blanqueo de capitales.
Explicó que esta norma ha abierto grandes oportunidades para las empresas como RSM Panamá, que ofertan servicios de asesoría en la implementación de las normas contra el blanqueo de capitales, ya que ahora estas normas no solo se aplican a las empresas del sector financiero (banca, seguros, casas de valores, etc.), sino que se extiende a empresas de otros sectores como inmobiliarias, bufetes de abogados, notarios, grandes industrias, cooperativas, casinos, joyerías, distribuidoras de automóviles nuevos y usados, operadores de la Zona Libre y el resto de las zonas francas que operan en el país.
Para el socio de RSM Panamá, el Estado panameño ha hecho un trabajo impresionante para cumplir con las expectativas de Gafi y poder salir de la lista gris de ese organismo internacional, no obstante, para salir de esa lista se necesitarán dos cosas, la primera es una un supervisión efectiva y constante por parte de la entidades fiscalizadoras, mientras que la segunda sería la seriedad con que las empresas asuman su sujetos cooperadores que ayuden a las autoridades a detectar cualquier operación económica irregular.
Ríos admite que la aplicación de la Ley 23 para la prevención del blanqueo de capital impone grandes retos para las empresas reguladas y los sujetos obligados, porque el cumplimiento de esta norma tendrá un alto costo económico, un costo que se eleva en la medida que se incrementa el nivel de riesgo al que está expuesta cada empresa determinada, toda vez que está obligadas a aplicar ciertos procesos: Definir su perfil de riesgo, desarrollar técnicas para la realización de las debidas diligencia, estructuración de reportes de análisis financiero y adecuación de los estados financieros auditados.
Matías Mora Simoes, managing director de Berkeley Research Group en Panamá, coincide con Ríos en destacar que el Gobierno de Panamá y el sector privado han estado trabajando juntos para reestructurar el régimen para la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, logrando avances más importantes en este tema, como la aprobación de la Ley 23 de 2016, que entre otras acciones, incluye a las entidades no financieras a la lista de las entidades supervisadas, mejora el conocimiento del cliente y de otras obligaciones de seguimiento y proporciona reguladores con acceso al cliente la información de las entidades reguladas.
Sin embargo, Mora Sinmoes advierte que, pese a estos avances Panamá aún cuenta con estructuras legales que le impiden cumplir en un 100% con los requisitos internacionales exigidos por el Gafi, mencionando como la principal de ellas el hecho que las leyes panameñas locales no consideran al fraude fiscal como una actividad criminal bajo el Código Penal, aunque las multas pueden ir de 5 a 10 veces la cantidad defraudada, por lo que el fraude fiscal no se considera como un delito subyacente para el lavado de activos.
Aunque el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, al referirse a los avances del país para salir de la lista gris de Gafi, destacó que recientemente una delegación de ese organismo internacional visitó Panamá y realizó una larga lista de reuniones con diversas entidades públicas y privadas para evaluar los pasos dados por el país para mejorar sus sistema de prevención contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
