22-02-2016 | Incapacitarán a empresas para contratar.

Incapacitarán a empresas para contratar

Fuente: La Estrella de Panamá / Jessica Tasón

Así lo establece el proyecto de ley que busca modificar la normativa existente en materia de Contrataciones Públicas.

Las personas que, en los cinco años que anteceden a la contratación, hayan sido declaradas judicialmente responsables por la comisión de delitos contra la administración pública, de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos relacionados; no podrán contratar con las entidades del Estado.

Así lo establece el proyecto de ley que busca modificar la normativa existente en materia de Contrataciones Públicas, que fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional esta semana y que se espera se discuta próximamente en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas.

El director de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gustavo Valderrama, explicó que igualmente las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, directores, dignatarios o representantes legales, que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos relacionados, siempre que el delito esté vinculado a las actividades de la empresa o a sus empresas afiliadas, con pena de prisión de un año o más, por un tribunal panameño tampoco podrán contratar con las entidades de Gobierno.

Adicional, según Valderrama, el proyecto de ley establece que las entidades no podrán realizar pagos anticipados que sobrepasen el 20% del monto total del contrato. ‘El uso del pago anticipado deberá ser previamente establecido y debidamente justificado en el pliego de cargos. Además el contratista estará obligado a brindar información debidamente respaldada a la entidad contratante'. 

La iniciativa legislativa, que fue aprobada por el Consejo de Gabinete el pasado martes, contiene 69 modificaciones a la Ley 22 de 27 de junio de 2006, unos 20 artículos nuevos e incluye tres derogaciones. La ley de Contrataciones Públicas desde su promulgación ha sido objeto de 13 reformas que facilitaron un uso no racional de los fondos públicos.


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