16-03-2016 | Deficiencias en Reforma a la Ley de Contrataciones.
DEFICIENCIAS EN REFORMA A LA LEY DE CONTRATACIONES.
Fuente: La Prensa / Roberto González Jiménez
La comisión de Economía y Finanzas de La Asamblea Nacional reinicio ayer el debate del proyecto de Ley 305, “que reforma la ley 22 de 2006”, la cual regula la contratación pública”.
El texto legal que se planteó surgió de la unificación de los proyectos del Ejecutivo y la diputada independiente Ana Matilde Gomez.
El presidente de la comisión de Economía y Finanzas, Miguel Salas, dijo que entre las principales novedades que incluye eta ley está entre la eliminación de la licitación abreviada, la contratación apremiante y la obligatoriedad de tener que ir a un acto público para contratar consultorías, ya que hasta ahora si la consultoría era inferior a $300mil se podría contratar directamente.
Además las empresas en las que el estado es accionista tienen que cumplir la norma, como también lo tendra que hacer la Dirección de Asistencia Social, Antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN). Salas también destaco que los funcionarios involucrados en procesos de contratación pública estarán obligados a capacitarse.
A pesar de estas novedades, representantes de la sociedad civil presentes en el debate señalaron que el contiene varias deficiencias en su objeto de combatir corrupción.
Algunos de los participantes en la discusión pidieron que se inhabilite para participar en licitaciones locales a las compañías que hayan sido condenadas por tribunales internacionales, porque en el nuevo proyecto de la ley todavía figura que la inhabilitación solo sucederá en caso de condena en tribunales panameños.
Asi las cosas, la empresa brasileña Odebretch, cuyo presidente ha sido condenado a 19 años de prisión en Brasil por actos de corrupción, podrá seguir licitando en Panamà.
Carlos Gasnel presidente ejecutivo para la Fundacion para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dijo que “si el objetivo es enviar un mensaje a aquellas empresas que están siendo objeto de cuestionamiento por escándalos de corrupción internacionalmente, no se va a lograr con la redacción actualmente propuesta. Tiene que buscarse una redacción alternativa, que realmente tenga dientes y que envié un mensaje a aquellas empresas que quieren corromper el sistema”.
Por su parte, Horacio Icaza, miembro de la Directiva de Movimiento Independiente, dijo que en legislaciones de otros países y de organismos multilaterales existe el concepto de inhabilitar a compañías que han sido condenadas por un comportamiento de corrupción. “esta es la oportunidad para hacer cambios al proyecto. A veces, la contratación pública suena como algo esotérico, pero al final del día es como gastar la plata que uno paga con los impuestos. Debemos empezar a vigilar el dinero que aportamos para el bien común” reclamo.
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, calificó como “ un avance importante en la dirección correcta” el hecho de que se contemple la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción en Panamá. Sobre la extensión de este concepto a condenas internacionales, señalo que durante la elaboración del proyecto “un equipo jurídico técnico apunto la dificultad de homologar los diferentes sistemas judiciales. Por ejemplo, lo que es un delito en china puede no serlo en Brasil y viceversa. Sin embargo, entramos en una segunda etapa en la Asamblea Nacional y estamos dispuestos a apoyar cualquier modificación que sea con el propósito de robustecer aún más la ley”.
Entre 40 y 50 representantes de gremios, asociaciones ciudadanas, empresas y entidades públicas tomaran la palabra en un debate que se retoma hoy.
Los dos proyectos fueron propuestos, uno por el Ejecutivo y el otro por la diputada independiente, Ana Matilde Gómez